¿Estamos dispuestos a salvar al lobo? Esa y no otra es la pregunta que como sociedad deberíamos hacernos. Tras más de 70 años de declive de la especie, confinada a Castilla y León, es ahora, justo cuando la especie comienza a expandirse, cuando surge de nuevo la polémica.
Recientemente, el gobierno de Castilla y León terminaba con el periodo de información pública del nuevo Plan de Conservación y como siempre que se trata de normativas que afectan a amplios sectores de población, trae mucha polémica. A principios de febrero, las ONG naturalistas SEO/Birdlife, WWF, Ecologistas en acción, Acenva y ASCEL pedían formalmente la retirada del borrador. Se le acusa de ir en contra de la Directiva Hábitats, de falta de rigor científico en el censo y de utilizar a la caza como medida de gestión de la especie.
El anterior Plan de Conservación también fue objeto de encendidas luchas. Nacido en 2008, establecía que la Administración sólo se haría responsable de los daños al norte del Duero; al sur, el ganadero debería pagar un seguro adicional para cubrir esos accidentes. La Coordinadora Agraria de Castilla y León consiguió un año más tarde anular estas excepciones también al sur del Duero. En 2013, el propio gobierno de Castilla y León intentó eliminar esta sentencia inútilmente.
Desde 1973, cuando se desarrolló la primera Reunión Internacional para la Conservación del Lobo en Europa en Estocolmo, se apuntó la siguiente idea: “El lobo, como todo animal salvaje tiene el derecho de existir en su estado natural. Este derecho no depende de su utilidad para el hombre, y deriva del que tienen todos los seres vivos a coexistir con él como parte integrante de los sistemas ecológicos”. Algo precioso, pero como Kioto, entre complicado e inviable.
Entre 1986 y 1988, el Icona estimaba la población de lobo en España entre 1.500 y 2.000 ejemplares, en 290 manadas. Si bien estos datos se elaboraban en bruto, hoy día se realiza una estima en cuanto a la población efectiva, es decir, el número de adultos que se reproducen, que bajaría hasta los 750 animales. Pero lo importante no es tanto el número de efectivos sino si ese número hace viable a la especie tanto genética como demográficamente.
Uno de los principales problemas en la conservación del lobo y de su convivencia con el hombre es consecuencia de otra de nuestras conductas irresponsables: el abandono de perros de compañía. Ambas especies, evidentemente emparentadas, depredan sobre el ganado y existen estudios que indican que es precisamente el perro el más afín a este tipo de presas más “facilonas”.
Tampoco está clara la eficiencia de la caza para controlar los daños del lobo, ni siquiera que el lobo sea en sí misma una especie cinegética y que no sea posible explorar otras vías de control como los mastines, pastores eléctricos o una mayor vigilancia a los rebaños. Claro que estas medidas son más caras que la caza, que en definitiva se configura como un ingreso para el estado.
Así las cosas, la pregunta es evidente: ¿queremos pagar para que persista el lobo? Podríamos pagarlo de dos maneras: vía impuestos o vía un justiprecio a la carne criada en libertad, pues los ganaderos, que conviven a diario con el lobo, son los que pagan en primer lugar y son ellos y no otros los que pueden hacer posible su supervivencia.
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